Hoy, los Estados miembros no han alcanzado la 
mayoría cualificada necesaria para renovar o rechazar la aprobación del glifosato durante 
una votación en el Comité de Apelación. Esto sigue a una votación previa en el Comité 
Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos (SCOPAFF) el 13 de octubre, en 
la que los Estados miembros tampoco alcanzaron la mayoría necesaria para renovar o 
rechazar la propuesta.
En consonancia con la legislación de la UE y a falta de la mayoría necesaria en uno u otro 
sentido, la Comisión está ahora obligada a adoptar una decisión antes del 15 de diciembre 
de 2023, cuando expira el actual periodo de aprobación. La Comisión, basándose en las 
exhaustivas evaluaciones de seguridad llevadas a cabo por la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos 
(ECHA), junto con los Estados miembros de la UE, procederá ahora a renovar la aprobación 
del glifosato por un periodo de 10 años, sujeto a determinadas condiciones y restricciones 
nuevas. Estas restricciones incluyen la prohibición del uso como desecante antes de la 
cosecha y la necesidad de adoptar determinadas medidas para proteger a los organismos 
no diana.
Fuentes del gobierno de España nos han confirmado que pese a la prohibición del secado 
precosecha, no sería preocupante para España puesto que solo se refiere estrictamente a 
esa utilización que se pueda hacer como desecante y no como herbicida propiamente dicho 
antes de la cosecha, por lo tanto no habría mayor problema para los cerealistas.
Los Estados miembros son responsables de la autorización nacional de los productos 
fitosanitarios (PPP) que contienen glifosato y siguen pudiendo restringir su uso a escala 
nacional y regional si lo consideran necesario en función del resultado de las evaluaciones 
de riesgo, teniendo en cuenta especialmente la necesidad de proteger la biodiversidad.
Por su parte, el coordinador del Pacto Verde Europeo en la Comisión Europea, Stefan De 
Keersmaecker, ha afirmado que “la Comisión tiene ahora la obligación legal de decidir: 
renovaremos el glifosato por 10 años, sujeto a condiciones y restricciones