La sequía que estamos padeciendo está teniendo gravísimas repercusiones en el sector agropecuario español, con unas perdidas y daños que estimamos que podrán superar fácilmente los 8.000 millones de Euros, al verse mermadas las principales producciones agrícolas:
• Un 30% de reducción de cosecha en cultivos de invierno, 
• Entre un 40 y 50% de reducción, tanto en superficies como en producción, en maíz, 
• Bajos rendimientos en girasol, que han neutralizado el incremento de superficies,
• Cerca de la mitad de la producción estimada en olivar, tanto para mesa como para almazara,
• Adelantos importantes en la vendimia  y reducción prevista de la cosecha entre un 25 y un 30%,
• Caída de la producción en almendros, con un 80% de pérdidas estimadas,

A estos datos desalentadores de campaña y de previsiones a corto plazo hay que añadir las posibles restricciones que puedan sufrir los casi cuatro millones de hectáreas que tenemos de regadío en España y suponen una parte fundamental en la producción agrícola, y que paradójicamente debe funcionar sin un Plan Nacional de Regadíos ni las inversiones hidráulicas necesarias en todo el territorio nacional. “Si hace años se hablaba de una España húmeda y una España seca, desgraciadamente hoy solo podemos hablar de una España seca”, ha lamentado el presidente de ASAJA, Pedro Barato.

Especial mención merecen los sectores ganaderos, donde la falta de pastos naturales y el incremento desorbitado de los costes de alimentacion del ganado han provocado situaciones dramáticas, como el cierre de explotaciones o el obligado sacrificio de cabezas de ganado ante la imposibilidad de asumir estos costes ni poder repercutirlos en los siguientes eslabones de la cadena.

Más allá de los mensajes triunfalistas del Gobierno, la realidad del sector es que se enfrenta a una crisis de gravísimo calado, que podría incluso afectar al propio suministro alimentario, que gracias al sector productor junto con el resto de los operadores agroalimentarios, han sido capaces de afrontar situaciones tan graves como la pandemia, el confinamiento del conjunto de la sociedad o la falta de materias primas. 

El Gobierno debe ponerse al frente de la gestión de la crisis, como han hecho otros gobiernos europeos, y presentar medidas urgentes y eficaces, primero para paliar esta crisis, y además para ofrecer soluciones duraderas a la agricultura española, que padece problemas estructurales, como es el acceso al agua para dar estabilidad a nuestras producciones, unos costes energéticos y de los insumos, acceso a la financiación y equilibrio en la cadena de suministros a la hora de marcar precios y condiciones.