ASAJA Castilla-La Mancha ha exigido a las distintas Administraciones que pongan en marcha medidas extraordinarias para los agricultores y ganaderos afectados por el temporal Filomena, pues a pesar de la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil, aprobada por el Consejo de Ministros en enero para ocho comunidades autónomas entre las que se encontraba Castilla-La Mancha, el sector no ha recibido ninguna ayuda.
Sin embargo, en otras comunidades autónomas ya se han planteado medidas específicas, como en el caso de Cataluña, que ha propuesto ayudas para la recuperación del potencial productivo de las explotaciones agrarias de olivo afectadas por la tormenta Filomena para garantizar su viabilidad.
Además, según publican algunos medios, el Gobierno nacional ni si quiera ha solicitado las ayudas a Bruselas, lo que demuestra la falta de voluntad para activar los mecanismos oportunos para paliar los efectos ocasionados por el temporal.
El campo de Castilla-La Mancha sufrió cuantiosos daños por el temporal, especialmente en el olivar, en la ganadería y en las naves e infraestructuras de muchas explotaciones, como ya avanzaron los técnicos de ASAJA CLM. Ahora también, tal y como apuntaban las estimaciones, hay que añadir los daños en otros cultivos como el almendro y el viñedo. 
La organización agraria ha explicado que las heladas han afectado al brote del viñedo y las yemas no se están desarrollando adecuadamente, registrándose pérdidas en parcelas de hasta el 30 por ciento, sobre todo, en zonas del centro y norte de la región.
Por otro lado, ASAJA CLM ha criticado que tampoco se han puesto en marcha otras medidas laborales o beneficios fiscales. Ni si quiera, ha asegurado, se ha tenido en cuenta al sector en la rebaja de módulos IRPF 2020, pues la consideran insuficiente para una agricultura y ganadería tan perjudicada por los efectos de la pandemia y del temporal.
La organización agraria ha vuelto a insistir en que también los ayuntamientos pueden ayudar, eximiendo a los agricultores y ganaderos del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), conforme a la posibilidad que la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, deja abierta a los organismos de recaudación, en sus respectivos ámbitos competenciales.
Finalmente ha pedido que se activen más mecanismos complementarios, como préstamos flexibles, la condonación de las cuotas de la Seguridad Social, la reducción del Impuesto de Actividades Económicas para profesionales de la agricultura y la ganadería o la exención de las tasas de tráfico por bajas de vehículos y aperos dañados o por los duplicados de permisos y documentación extraviada o destruida.