La Comisión Europea ha hecho pública ya su primera propuesta de disposiciones transitorias de la PAC, que son cruciales para  seguir contando con medidas de política agraria durante este periodo de transición a la espera de una nueva PAC post 2020. Y lo ha hecho sin tener en cuenta la mínima cortesía institucional, interfiriendo en los debates de dos órganos soberanos de la Unión como son el Consejo y el Parlamento.

Las medidas de transición de la PAC propuestas por la Comisión suponen un recorte del 11% de los pagos directos de todos los agricultores en octubre de 2020, con recortes más severos en los regímenes agrícolas en el marco del segundo pilar (Desarrollo Rural) de la PAC. ¿Cómo podemos explicar a los agricultores que las mismas normas no merecen los mismos fondos?

Si bien es fundamental garantizar un conjunto de normas de transición que sirva de puente entre la PAC actual y la PAC después de 2020, esto no debe implicar cambios radicales y prematuros. Cualquier nueva medida e intervención sólo debería producirse con la PAC post-2020.

Con su propuesta, la Comisión Europea da por buenos los límites máximos de pagos de la PAC establecidos en su propuesta legislativa para el próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027, interfiriendo por tanto en los debates del Consejo que todavía no ha fijado posición en cuanto al futuro presupuesto de la Unión, ya que están aún por resolver asuntos de capital importancia como el BREXIT.
 
Hay que recordar que en el seno del Consejo hay un nutrido grupo de países, liderados por España y Francia, que abogan por una continuidad de la partida agrícola en el próximo presupuesto, que  debería verse incrementado por un mayor esfuerzo en las aportaciones nacionales.

La Comisión ignora igualmente en su propuesta los requerimientos del Parlamento Europeo que recientemente se ha reafirmado en su idea de incrementar las aportaciones nacionales al presupuesto de la UE hasta el 1.3% de la RNB (en lugar del 1.11% propuesto por la Comisión) para 


poder afrontar los nuevos retos de la UE, también en materia agraria, agroalimentaria, medioambiental y climática.

En opinión de ASAJA, el presupuesto de la PAC debe mantenerse, al menos, en términos reales. Esto implica que durante el período de transición no puede haber ningún recorte de la financiación. Los Estados miembros deben poder abonar íntegramente los pagos directos a sus agricultores y seguir apoyando las medidas actualmente subvencionadas en el marco del pilar II.