El presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, Fernando Villena, ha analizado el arranque de la campaña de vendimia, señalando que “los precios que se paguen a los viticultores por la uva, deben contemplar la calidad, los costes de producción y la reducción de cosecha, pero, de ninguna manera, el precio debe establecerse en función de lo que se está pagando en estos momentos por el vino de la cosecha anterior”.

En la sede de la organización agraria, Villena ha explicado en rueda de prensa que las últimas previsiones apuntan una producción de entre 19 y 21 millones de hectolitros, lo que supondrá una disminución de cerca de un 40 por ciento, y algunas zonas, incluso, rondará la mitad que la del año pasado, sobre todo, a causa de la sequía que arrasa en la región. En cuanto a la calidad, será una cosecha excepcional, con dos grados Baume más que el año pasado, uno de los requisitos más valorados en las operaciones comerciales.

Ante este escenario, el presidente de ASAJA CLM, subraya que, “ahora que todo el mundo reivindica el pago por calidad y lleva estas palabras por bandera, nos hacemos una pregunta: este año que tenemos una cosecha excepcional en calidad y baja en cantidad, por tanto, ¿cuál debe ser el precio de la uva? Hasta ahora, siempre se ha referenciado el precio de la uva al del vino de la cosecha pasada, sin tener en cuenta otros factores, ni si quiera, los costes de producción. De hecho, la Universidad de Castilla-La Mancha ya está elaborando un estudio de los costes de la uva, y quedará demostrado como la mayoría de veces, los precios por los que se paga la uva, siempre generan pérdidas a los agricultores”.

Por último, la organización agraria ha recordado a la Consejería de Agricultura que apostar por la calidad debe conllevar un aumento de los controles y sanciones cuando se produzcan prácticas irregulares. En este sentido, Villena ha hecho un llamamiento a la Administración regional para que “haga un muestreo de los stocks que este año han llegado al enlace de campaña y compruebe si esas existencias pueden calificarse como vino o, de lo contrario, no cumplen con los parámetros de trazabilidad que exige la normativa comunitaria para calificarse como tal”, pues sospecha que “con la baja graduación alcohólica de la uva del año pasado haya quedado en los depósitos un vino elaborado sin los requisitos necesarios, y esté esperando al mosto de este año para volverlo a fermentar e introducirlo así en el circuito de comercialización”. Independientemente de si se trata o no de un fraude para el consumidor, estas situaciones afectan a los precios de la uva y, por tanto, “el único perjudicado, siempre es el viticultor”, ha concluido Villena.