Por José María Fresneda, secretario general de ASAJA CLM

La plaga de conejos que se expande por nuestras explotaciones agrarias está acentuando el malestar social entre agricultores. Recordamos, que ya ha pasado un año desde que miles de ellos se movilizaron convocados por ASAJA CLM para exigir, entre otras cuestiones, una solución a este epidémico problema. Los rumores de manifestación vuelven a sonar.
Desde ASAJA CLM no hemos abandonado la causa, a pesar de los plantones por motivos políticos o ideológicos. Los años de lucha han demostrado que la aplicación de medidas independientes no termina con la plaga de conejos. Ni si quiera la reduce. Pero por algún interés que desconocemos, Administración regional y central han sido incapaces de sentarse en la misma mesa con los representantes de los agricultores para poner en marcha una solución concluyente, a la que solo se llegará si cada parte asume sus competencias y se aplican medidas simultáneas.
Al contrario, los males endémicos del campo y el tormento de los agricultores siempre han servido para el estéril debate político y las falsas promesas. Hablamos de cosechas arrasadas reiteradamente y seguros que no se hacen cargo de los daños. Es irónico, pero estamos pasando de alimentar a humanos a abastecer a conejos. Y no señores, el control de las especies y la gestión medioambiental es responsabilidad de los gobiernos.
Compromiso, comunicación y voluntad. Eso es lo que hemos pedido nuevamente al Consejero de Agricultura y al Delegado del Gobierno en la región para que trabajen juntos y a la par. Y, esta vez, hemos hecho partícipe al Presidente de Castilla-La Mancha por entender que es una cuestión de interés general.
De momento, desde ASAJA CLM seguimos trabajando en el asunto. Además de solicitar la reunión conjunta a las Administraciones, recientemente hemos dirigido un escrito a la Consejería de Agricultura para recordarle que sigue vigente el Decreto que aprueba el Plan General del conejo de monte, paradójicamente diseñado para la proliferación de la especie. Puesto que tampoco se hizo la revisión parcial del plan en 2014, como establecía la normativa, desde la organización agraria ya hemos advertido que en febrero de 2019 finaliza su vigencia, y su renovación sería una traición a los agricultores y sus familias.
Otra cuestión que ha planteado ASAJA CLM es acudir a la Justicia para que determine la responsabilidad de los daños en las explotaciones agrarias en aquellas parcelas que se encuentran en la proximidad de las zonas de seguridad.
Concretamente, donde mayoritariamente se asienta y se propaga la especie es en los taludes de las carreteras y principales vías de comunicación que están bajo la jurisdicción del Ministerio de Fomento y de Adif y en las riberas de ríos y arroyos pertenecientes a las Confederaciones Hidrográficas. Las explotaciones agrarias inmediatas a estas zonas son las que se están llevando la peor parte, pues lamentablemente esas zonas de seguridad no se están limpiando.

En este sentido, el Comité Ejecutivo de ASAJA CLM valorará la posibilidad de presentar denuncias colectivas contra estas tres instituciones y que la Justicia se pronuncie, tal y como lo hizo este año con la sentencia que condena a Adif a indemnizar a unos agricultores de Fuente de Pedro Naharro (Cuenca) o la de 2012 en la que condenó al Ministerio de Fomento a indemnizar a un agricultor de La Solana (Ciudad Real).

Para tratar este asunto, a principios de abril, la organización está planteando celebrar una asamblea informativa de carácter regional para reunir representantes agrarios, agricultores, propietarios de los terrenos y otros interesados. También se hablará de las actuaciones llevadas a cabo por la organización agraria y de las futuras que puedan derivar de la asamblea.

Y, para terminar, pero no menos importante, hacer referencia a la superpoblación de especies de caza mayor. Jabalíes, corzos, ciervos… también están arrasando a su paso plantaciones, trasmitiendo enfermedades a la cabaña ganadera y poniendo en peligro la seguridad vial.  

Desde luego, algo está fallando en el control de las especies y las consecuencias no deben asumirlas ni agricultores, ni ganaderos, ni cualquier usuario de las vías de comunicación y transporte. La responsabilidad está en quienes gobiernan y de ellos esperamos la respuesta definitiva.