La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático define el propio término cambio climático como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables”.
La actividad agraria depende directamente del clima y de su variabilidad. De hecho, las condiciones meteorológicas afectan más de un 30 por ciento al rendimiento agrícola. Si se producen cambios en los patrones de comportamiento de las temperaturas y precipitaciones, o el incremento de la concentración del CO2 atmosférico, influirán de manera significativa al desarrollo de los cultivos.
Concretamente, las regiones agrícolas mediterráneas, según los expertos, se verán especialmente impactadas por el incremento de temperaturas y la disminución de lluvias. El calor y la sequía ya se han dejado notar en los últimos años y, como consecuencia, estos fenómenos conllevan incremento de la erosión y pérdida de calidad del suelo, aumento de malas hierbas, plagas y enfermedades o problemas de floración y cuajado, entre otras.
Los agricultores ya están acostumbrados a los cambios y a adaptar sus cultivos a las condiciones climáticas cambiantes que se dan de una campaña a otra, por ejemplo, modificando las fechas de siembra o las variedades utilizadas. Ellos son y serán los verdaderos ecologistas del cambio climático. Sin embargo, estas medidas no son suficientes para afrontar los impactos a medio y largo plazo.
Tanto las Administraciones como las distintas organizaciones y foros han intensificado el trabajo en esta materia. Desde ASAJA se han elaborado informes, se han organizado jornadas e, incluso, se han firmado convenios de colaboración. La finalidad es participar en el diseño de estrategias transversales que contribuyan a la lucha contra el cambio climático. Y para ello, se requiere actuar en dos vertientes, adaptación y mitigación. En función de cómo se apliquen las políticas, el cambio climático podrá suponer una oportunidad o un riesgo para la agricultura.
La adaptación pasa por tener conocimientos sólidos sobre la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios, los ecosistemas, las sociedades y las economías ante los efectos actuales y futuros del cambio climático. Y, concretamente en agricultura, requiere la identificación puesta a prueba, demostración y divulgación de prácticas agrícolas para contrarrestar las cambiantes condiciones climáticas.
Por ejemplo, la mejora y selección genética de cultivos mejor adaptados a situaciones de estrés hídrico o térmico. En este aspecto, cabe recordar que ASAJA ha firmado recientemente junto con los obtentores de semillas y otras organizaciones agrarias un convenio sobre reempleo de granos para siembra. Así, además de establecerse un marco para el cumplimiento de la normativa sobre acondicionamiento de grano y protección de las obtenciones vegetales, se destinará una inversión a programas de investigación a través de los cuales se conseguirán semillas mejor adaptadas a la variabilidad climática.
Para la adaptación de la agricultura también es necesario la elaboración de estudios prospectivos sobre los efectos previsibles del cambio climático sobre el medio rural. Análisis que deben tener consideraciones específicas a cada zona y cada contexto y que reflejen la evaluación de costes, beneficios o efectos colaterales de dicha adaptación. E informes que recojan los datos e indicadores para documentar los avances. Aquí, dicho sea de paso, tienen mucho que aportar los agricultores, pues son los verdaderos conocedores de los cambios que se suceden en sus explotaciones.
En cuanto a la aportación del sector agrario a la mitigación del cambio climático, según un informe de ASAJA, pasa por explorar y cuantificar medidas que reduzcan emisiones tanto por la capacidad de secuestro de carbono, efecto sumidero, como por la adopción de prácticas o tecnologías que consigan un mismo fin con un menor nivel de emisiones. Entre ellas, destaca el incremento y consideración de la superficie de cultivos leñosos como sumidero de carbono; el incremento de la densidad de cultivos leñosos; la siembra directa y su contribución al incremento de materia orgánica del suelo; las cubiertas vegetales en cultivos leñosos en pendiente; la incorporación de restos de poda de cultivos leñosos al suelo o la valorización energética de restos de cosecha o de primeras transformaciones en industrias alimentarias.
Ahora bien, como decíamos al principio, se requieren estrategias y políticas transversales que abarquen desde todos los prismas el problema. El principal riesgo al que se enfrenta la agricultura es al de la reducción de cosechas y, no olvidemos, que para 2050 se debe incrementar la producción y la seguridad alimentaria si se quiere satisfacer la demanda de la población que existirá para entonces.
Y el segundo reto que tiene que superar es la sequía y los conflictos en el suministro de agua. Después de años de sequía generalizada, la gestión del agua en este país deja mucho que desear. En esta materia no estamos preparados para hacer frente al desafío del cambio climático, pues faltan infraestructuras que lleven el agua de donde hay a donde no hay, o que almacenen el agua de invierno para verano.
Pero también hay que poner los ojos en otros contenidos, como la ciencia y la tecnología, el sistema de seguros agrarios o la Política Agraria Comunitaria. Esta última se convierte en una herramienta básica para los retos futuros que nos demanda la lucha contra el cambio climático. Aunque a día de hoy la PAC ya tiene un gran componente medioambiental, con las medidas incluidas en la política de desarrollo rural o el nuevo pago verde, es imprescindible seguir trabajando para garantizar el mantenimiento de una PAC sólida y con presupuesto suficiente.
La agricultura para el cambio climático puede no ser un problema, sino una solución. Pero para cualquier actuación, se requiere de apoyos desde la política y las diferentes instituciones. Y concretamente, se precisan ayudas específicas para los agricultores y ganaderos que contribuyan a la lucha contra ese fenómeno, pues no olvidemos que, si quien contamina paga, quien descontamina debe cobrar.