A punto de terminar 2016, son muchos los acontecimientos que han tenido lugar durante este año que van a marcar en buena medida la agenda de los próximos meses.
En primer lugar, no podría ser de otra manera, la formación de un nuevo gobierno tras varios meses, prácticamente un año entero,  en situación de parada legislativa por las dificultades encontradas a la hora de formar un ejecutivo. En el momento de escribir estas líneas estamos aún pendientes de conocer la conformación del equipo del nuevo Ministerio, que estrena siglas, incorporando la Pesca que con todo merecimiento vuelve a estar en el titulo del Departamento.
Este equipo deberá afrontar importantes retos en este nuevo mandato. Por supuesto, continuar con la elaboración y desarrollo de los compromisos adquiridos en la anterior legislatura, redoblando esfuerzos en la lucha contra el desequilibrio en la cadena alimentaria para reforzar el peso del sector productor y el establecimiento de unas normas claras, transparentes e inequívocas en materia de relaciones contractuales y consolidando  y mejorando la capacidad exportadora de las empresas e industrias agroalimentarias.
La PAC, aprobada en 2013 pero con apenas dos año de vigencia, ya está siendo puesta en cuestión y será objeto de numerosos debates a lo largo de 2017. A pesar de que el Comisario Hogan ha afirmado en numerosos foros que no tiene previsto realizar una “revisión intermedia” en profundidad y que sus iniciativas hasta ahora han ido en el sentido de una simplificación de las normas de la actual normativa (a veces con efecto completamente distinto al pretendido), hemos podido saber que la Comisión va a lanzar una nueva “consulta pública” a primeros de año y que unas primeras propuestas para una reforma de la PAC para el siguiente periodo se podrían presentar a finales de 2017.
No obstante, lo cierto y verdad es que el Marco Financiero Plurianual para el próximo periodo 2021-2027 también está, en paralelo, iniciando sus debates y que éste  marcará de forma ineludible la agenda de las discusiones en materia agrícola. Además,  nuevas prioridades se están incorporando a las tareas de la Unión tras importantes crisis que debemos afrontar como países industrializados, como son la inmigración y los refugiados o los gastos en defensa o más aún, los compromisos en materia medioambiental y de lucha contra el Cambio Climatico, en el que además de los esfuerzos propios de adaptación y mitigación deberemos asumir nuestra posición de país donante para el fondo de cooperación.
Cualquiera que sea este calendario, lo cierto es que las próximas propuestas habrán de tener muy en cuenta una serie de factores, buena parte de los cuales se han desencadenado o han vivido su punto álgido en este mismo año.
Por un lado tenemos la extrema volatilidad de los mercados de los productos agrarios, agudizada por la continuación del veto del Gobierno de Putin a las exportaciones de productores europeos al mercado ruso, y por otras tres variables como son  la finalización del régimen de cuotas en sectores como el lácteo, la práctica desaparición de mecanismos públicos clásicos de gestión de los mercados y un desequilibrio palmario de fuerzas en la formación de la cadena de valor de los productos agrarios y alimentarios.
El resultado es que los precios pagados al productor en la mayoría de nuestras producciones se encuentran a niveles de años pasados,en algunos casos de hace más de 20 años. Sin embargo, los costes de producción han ido aumentando de manera inexorable a lo largo de las dos últimas décadas lo que da como resultado cuentas con balance negativo, hasta el punto de que muchas explotaciones se han visto obligadas a reconvertirse, en el mejor de los casos, cuando no a echar el cierre.
El agua es un factor clave, y así lo debe entender el nuevo Gobierno y debemos hacérselo ver también a Bruselas, para el futuro de nuestras explotaciones agrarias, en especial las más competitivas. Y es un tema que debe abordarse con total seriedad y buscando el máximo consenso entre todos los actores y territorios afectados para evitar desigualdades y situaciones injustas.
Otro aspecto a tener en cuenta es el llamado Brexit y las consecuencias que puede tener en el futuro tanto de la PAC como de la propia UE una vez que se formalicen las modalidades de su “desconexión”, no solo en el aspecto presupuestario y el necesario ajuste que deberá aplicarse en las cuentas de la Unión, sino también en la formación de bloques y posiciones a la hora de  tomar decisiones en las Instituciones, y como no, en el aspecto comercial.
En este sentido, también habrá que tener presente la formación del nuevo gobierno en los EE.UU. tras la victoria de Trump y los grandes titulares que ha protagonizado respecto a sus intenciones en materia de comercio internacional, política de defensa y, en cuanto a los compromisos adoptados, entre otros en la Cumbre del Cambio Climatico conocida como COP21 que ha sido refrendada en Marrakech hace apenas unas semanas en la COP22, y que sin lugar a dudas será uno de los aspectos protagonistas, con carácter transversal pero con incidencia directa en la producción agraria, de las próximas decisiones comunitarias.
Como podemos ver, no son pocos los retos que 2017 nos presenta y yo he enunciado solo algunos de los que considero más importantes.
La competitividad de nuestras explotaciones, a través de unos precios remuneradores para el productor y mediante una rebaja de los costes de producción, incluyendo no solo los derivados de su elevada fiscalidad, sino también los regulatorios, derivados de una normativa asfixiante para el sector y destructora de la inversión en modernización e innovación;  la necesaria e ineludible renovación generacional, que apuesta por la formación y las nuevas tecnologías y   la apuesta por el medio rural dotándolo de las estructuras e infraestructuras necesarias para hacer atractiva la vida en el medio rural para nuevos activos y nuevas actividades, deben ser, un año más,  el objetivo de nuestra tarea cotidiana.